- En medio de algarabía, Senadores celebraron con un minuto de aplausos el triunfo del pueblo bueno y sabio.
En una sesión marcada por la tensión y el enfrentamiento, el Senado de la República aprobó hoy en lo general la ambiciosa reforma al Poder Judicial, con una mayoría calificada de 86 votos a favor frente a 41 en contra. La iniciativa, que ha sido recibida con algarabía por sus partidarios, incluye cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano.
La reforma establece que los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular, modificando el actual proceso de selección. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reducirá de 11 a 9 integrantes, con un mandato de 12 años. También se elimina el Consejo de la Judicatura, siendo reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial que supervisará al Poder Judicial.
Durante la votación, que se realizó de manera manual debido a la falta de un tablero electrónico, se generaron momentos de alta tensión. La senadora del Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, intentó suspender la votación alegando la ausencia del legislador Daniel Barreda, quien se encontraba en Campeche, pero fue interrumpida por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien insistió en que la reforma debía continuar.
La discusión se prolongó por varias horas y estuvo marcada por enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como por altercados físicos entre senadoras, como los protagonizados por Gina Campuzano del PAN y Edith López de Morena. Fernández Noroña, a pesar de las protestas de la oposición, se mantuvo firme en su postura de llevar a cabo la votación, argumentando que el reglamento le permitía concluir la discusión tras una ronda inicial de intervenciones.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el cambio en el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, que serán seleccionados en elecciones concurrentes con las federales cada tres años. La primera elección bajo este nuevo sistema está prevista para 2025. También se establece que los salarios de los ministros y jueces no podrán exceder el salario del Presidente de la República, y se eliminará la pensión vitalicia para quienes concluyan su mandato.
La reforma propone que las entidades federativas adapten sus leyes locales para asegurar la independencia y elección directa de los magistrados y jueces, con un plazo de 180 días para implementar estos cambios una vez promulgada la ley.
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la reforma no debilita el Poder Judicial, sino que busca fortalecerlo mediante la legitimidad popular. Aseguró que la medida busca cerrar la brecha entre el poder judicial y la sociedad, y restituir la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
La reforma enfrenta críticas y resistencias significativas, y su implementación será observada de cerca para evaluar su impacto en el sistema judicial y en la relación entre los poderes del Estado.
- Con Inf. de ManuelGonzalez.MX
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