Con un Congreso arrastrando miles de expedientes sin resolver, pero con decisiones clave aún pendientes para el funcionamiento del Estado, la Legislatura 77 inicia este martes su segundo periodo ordinario de sesiones con dos prioridades inmediatas sobre la mesa: destrabar el Paquete Fiscal 2026 y definir, por votación del Pleno, al nuevo titular de la Tesorería del Estado.
Aunque el rezago legislativo —que supera los dos mil expedientes— sigue creciendo, la discusión política se ha concentrado en los temas que requieren mayorías calificadas y acuerdos entre bancadas, particularmente el presupuesto estatal, actualmente en una segunda ronda de negociación tras el veto del gobernador Samuel García, y el nombramiento del tesorero, cargo que permanece acéfalo desde el 2 de enero, con Ulises Carlín como encargado del despacho.
Ambos asuntos requieren al menos 28 votos de los 42 diputados, una cifra que se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar, en un Congreso marcado por la fragmentación y la falta de consensos estables entre el Ejecutivo y las fuerzas legislativas.
En el caso del Presupuesto 2026, las negociaciones entre el gobierno Estatal y el Congreso no han logrado hasta ahora un punto de encuentro. Aunque el Ejecutivo redujo su pretensión de endeudamiento, el paquete financiero continúa entrampado por la ausencia de proyectos ejecutivos claros y por la desconfianza de las bancadas mayoritarias, que han advertido que no aprobarán deuda sin información técnica y financiera suficiente.
Desde el Congreso, legisladores de distintas fuerzas han señalado que, más allá del rezago acumulado en comisiones, la falta de acuerdos en el presupuesto mantiene al Estado en un escenario de incertidumbre, con el riesgo latente de una nueva reconducción presupuestal, lo que impactaría directamente en la planeación de obras, programas y transferencias a municipios.
A la par, el Pleno deberá resolver si ratifica o rechaza al próximo titular de la Tesorería Estatal, una decisión que también se ha politizado y que permanece congelada mientras no exista un entendimiento más amplio entre el Ejecutivo y el Legislativo. La indefinición en este nombramiento se suma al ambiente de parálisis que ha caracterizado los últimos meses en el Congreso.
Aunque en la agenda formal también figuran reformas electorales rumbo a los comicios de 2027, la definición del modelo de elección de jueces y magistrados locales y la homologación de cambios en materia de transparencia, los propios diputados reconocen que sin acuerdos en el paquete financiero y en los nombramientos clave, el resto de los pendientes difícilmente avanzará.
Así, el Congreso arranca un nuevo periodo ordinario no solo con un rezago que sigue creciendo, sino con la presión política de resolver los temas que sostienen la operación financiera del Estado, en medio de una relación tensa con el Ejecutivo y con el calendario legislativo avanzando en contra.
